Buena parte de los estudios e investigaciones recientes sobre procesos demográficos y cambios en las pautas residenciales de la población urbana defienden que los movimientos de población, el desarrollo residencial y la relocalización de las actividades económicas en áreas rurales, se explican en buena medida por la importancia concedida a la calidad de vida y la valoración medioambiental de estos. Sin dejar a un lado las estrictamente económicas, se insiste en la valoración del entorno natural como motor de estos desplazamientos por encima de otras razones como la búsqueda de empleo o disponibilidad de viviendas a precios asequibles (Camarero L., 1993).

En la actualidad, los planteamientos políticos parten de la necesidad de fundir la conservación medioambiental con la participación de la población residente, la atracción de población con una mentalidad más sensible con su entorno constituye un buen apoyo para estos fines.

Las motivaciones que nacen de la atracción de población en los núcleos próximos a entornos naturales de cierto valor ecológico y paisajístico, y en la valoración que sus habitantes tienen sobre dicho entorno. Se une a esto, los conflictos reiterados entre los planeamientos desarrollistas arraigados a la población autóctona y las medidas correctoras impuestas por la Administración para la conservación de ciertos entornos naturales protegidos.

Espacio protegido vs. desarrollo

Las paulatinas ampliaciones del espacio protegido han sido queja habitual de los propietarios de terrenos afectados, que valoran negativamente las consecuencias en el desarrollo económico de la zona. Por ello, las administraciones locales, han llegado incluso a defender que la conservación de la Naturaleza no debe anteponerse al desarrollo económico de sus comarcas, aunque esto supusiera una sobre-explotación de los recursos naturales y valores paisajísticos de dichos entornos.

Es cierto, que ciertos grados de protección medioambiental, traen consigo ciertas limitaciones en la explotación del suelo y su consiguiente retribución económica, pero también es verdad que pueden verse beneficiadas otras áreas rurales aledañas. Por otra parte, el aumento de inversiones para potenciar las actividades favorables a la preservación, el desarrollo del turismo o la publicidad acerca del valor de estos espacios y la atracción de población residente, pueden considerarse como positivos.

Pero en casos como en la costa andaluza (y en general mediterránea), donde el sustento económico durante décadas ha sido el sector de la construcción, sobretodo ligado con el sector de sol y playa, no han favorecido a la visión beneficiosa de las restricciones derivadas de los objetos de conservación. Esto, unido al escaso aprovechamiento de los núcleos turísticos litorales de sus propios recursos naturales y paisajísticos, han creado un fenómeno de gran estacionalidad en el empleo, y por consiguiente en el desarrollo de estas comarcas, apoyado en el turismo familiar en régimen de segunda residencia.

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